Organizaciones sociales ratificaron la marcha del miércoles 20 de diciembre y se tensa la relación con el Gobierno, que aplicará el protocolo antipiquetes. ¿Cómo y dónde será la movilización
Este miércoles 20 de diciembre se realizará la marcha piquetera contra las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo. En contraposición, el Gobierno pondrá a prueba por primera vez el protocolo antipiquete de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich
La marcha fue ratificada por movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP), luego de que el lunes la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anunciara que quienes corten calles no recibirán más planes sociales
Sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan», expresó Pettovello al hablarle a los beneficiarios que puedan asistir a la marcha convocada por organizaciones sociales para este miércoles.
Cómo y dónde será la marcha piquetera del 20 de diciembre?
El bloque de Unidad Piquetera brindará hoy una conferencia de prensa para explicar las características de la movilización prevista para el miércoles a Plaza de Mayo.
Se trata de los sectores que mañana encabezarán una marcha desde el Congreso Nacional a la Plaza de Mayo con motivo de un nuevo aniversario del estallido social que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
En tanto agrupaciones como UTEP, Libres del Sur y FOL, entre otras, convocaron a una «jornada nacional de asambleas y ollas populares» que se desarrollará este viernes «a lo largo y ancho del país», frente a «las medidas que agravan las condiciones de vida de millones de argentinos y argentinas», señalaron en un comunicado.
Las organizaciones consideraron que el Gobierno busca «impedir una movilización popular contra el brutal ajuste que lleva adelante» la actual administración.
En tanto, hoy también el Frente de Izquierda-Unidad (FIT-U) llamó a una audiencia pública a las 16 horas en la Cámara de Diputados contra el protocolo antipiquetes dispuesto por el Gobierno nacional, al que consideró «completamente ilegal e inconstitucional, que cercena el derecho a la protesta social».
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